que el financiamiento público de los partidos ha sido un factor para la transición democrática que ha permitido acotar el poder del dinero privado, favoreciendo la transparencia y la fiscalización. Por ende, suprimirlo “pondría en riesgo la equidad alcanzada en el sistema electoral” y revitalizaría riesgos de financiamiento privado ilícito, por ahora en buena medida acotado.